Se ha sostenido en el ámbito académico que uno de los principales problemas al que se enfrenta la construcción democrática en nuestro país es la ausencia de  partidos políticos institucionalizados, lo que además se ha interpretado como una persistente crisis de representación política, continuidad o consecuencia del colapso del sistema de partidos producido a inicios de la década de 1990. Sin embargo, las investigaciones sobre la crisis partidaria en años anteriores no necesariamente mantienen vigencia, sobre todo si nos pueden llevar a sostener que, luego de más de una década de iniciada la transición democrática, los viejos partidos políticos no lograron acondicionarse a los cambios sociales, o bien, no fueron sustituidos por nuevos espacios de representación y agregación de intereses políticos.

Algunas modificaciones institucionales han contribuido a reforzar la percepción sobre la decadencia de los partidos políticos. Es el caso del nuevo proceso de descentralización iniciado en el 2002, que ha reactivado espacios políticos regionales que intentan canalizar las demandas sociales postergadas por el centralismo limeño. Los partidos políticos nacionales ciertamente han perdido influencia en el ámbito local y regional, a la vez que proliferan propuestas electorales dispersas y desinstitucionalizadas durante cada proceso electoral subnacional.  Este resurgimiento político a partir de la descentralización ha reforzado la tesis generalizada en la década pasada,  en virtud de la cual se  sigue sosteniendo la existencia de una crisis de representación, causa a su vez de una situación constante de movilización y conflictos sociales no canalizados por el sistema político. Una situación de anarquía que debilita la legitimidad del Estado y la existencia de los partidos políticos.

Sin embargo, lo que en general queda fuera del análisis son los importantes cambios existentes en la configuración del poder a partir de 1990, que se iniciaron con el desmontaje del Estado populista y la construcción precaria del Estado neoliberal. Es decir, que los estudios sobre la crisis partidaria en el Perú, no lograron apreciar con claridad que el reordenamiento de las coaliciones dominantes posibilitó la estructuración de nuevas formas de representación política,  embrionarias durante el auge del Estado Neoliberal y visibles en el momento actual. Los clivajes Estado-mercado y Estado- Región, reforzados por la quiebra del estatismo, han escindido las sociedades políticas en dos bloques en tensión permanente, que por un lado representan la aspiración de sectores de la población que  pugnan por la reconstrucción de un Estado redistribuidor y garante de derechos colectivos; y por otro, de grupos contrapuestos a las políticas redistributivas, que asumen la defensa de un Estado desregulador a la vez que privatizado.

De esta manera,  lo que se ha configurado en los años recientes son dos espacios diferenciados de representación política definidos por su relación con el Estado y la disputa por su control.  En esa dirección, desde el 2000 se ha generado progresivamente un sistema protopartidario en el ámbito nacional y regional, en el que se ha reconstituido la bipolaridad ideológica izquierda- derecha, y cuya manifestación principal ha sido la polarización durante las dos últimas elecciones generales.  El clivaje Estado-región a su vez ha establecido nuevos instrumentos de representación política, caracterizados por su pluralidad y localismo; en tanto, los partidos políticos se han adecuado a las actuales condiciones de movilización y regionalización de los intereses políticos, reformulando su estructura organizativa.  

Se han consolidado por lo tanto cúpulas burocráticas que representan transversalmente el tejido social nacional y regional, que negocian la redistribución en el caso de los partidos de izquierda o mantienen a una tecnocracia estatal que gestiona sus intereses, en el caso de la derecha política. La reforma de las estructuras partidarias se ha acondicionado a los cambios en la organización social, convirtiéndose mayoritariamente en máquinas de afiliación y propaganda que se activan en los procesos electorales, pero que además mantienen alianzas estables con organizaciones de la sociedad civil en base al clientelismo y al patronazgo.